La acusación alega que el congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar, recibió cientos de miles de dólares en sobornos para utilizar su posición política y favorecer los intereses de Banco Azteca.
En respuesta, el banco, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, afirmó que siempre ha sido un líder comprometido con la seguridad y la legalidad, implementando controles rigurosos, procesos avanzados y tecnología de punta en sus servicios. Aseguran que operan con ética, honestidad y un fuerte compromiso hacia sus clientes y su país.
Según las acusaciones, el banco mexicano necesitaba establecer relaciones bancarias con instituciones estadounidenses para repatriar grandes cantidades de moneda física de Estados Unidos que mantenía en México, convirtiéndola en dólares electrónicos. Esto se debió a la intensificación de la aplicación de leyes contra el lavado de dinero por parte de los reguladores financieros estadounidenses a partir de 2012.
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