El Senado de la República aprobó cambios al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con el objetivo de castigar el uso de drones con propósitos delictivos. Quienes utilicen drones para actividades criminales enfrentarán penas de 15 a 40 años de prisión y multas de 400 a mil 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esta medida responde a casos en estados como Michoacán, donde los delincuentes emplean drones para labores de vigilancia ("halconeo") y para lanzar explosivos contra civiles y agentes policiales. La reforma también establece penas de 10 a 20 años de cárcel para aquellos que lancen artefactos explosivos con la intención de causar daño a personas o propiedades, con una posible ampliación de la pena si los afectados son miembros de las fuerzas de seguridad pública.
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